Modelo de Integridad en la UNTRM
Política Nacional Integridad y Lucha contra la Corrupción
La corrupción constituye un problema público que genera serias pérdidas económicas, incrementa la desconfianza ciudadana, afecta derechos; así como la buena marcha de la Administración Pública.
Frente a este flagelo al que el Perú no es ajeno, se aprobó la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción (2017), cuya razón de ser es la renovación del compromiso del Estado peruano por erradicar la corrupción en todas sus instancias, y la integración de las decisiones adoptadas en materia de prevención, detección y sanción de la corrupción.
No obstante, para la ejecución de dicha Política Nacional era necesario contar con un Plan Nacional que desarrolle los objetivos de la política, precisando las acciones, metas, indicadores, plazos y entidades responsables para la implementación de los objetivos y lineamientos contenidos en la Política referida.
Decreto Supremo N.° 148-2024-PCM
Decreto Supremo que aprueba el Modelo de Integridad para fortalecer la capacidad de prevención y respuesta frente a la corrupción en las entidades del sector público.
Esta norma define los principios y componentes clave del Modelo de Integridad, como el compromiso de la alta dirección, la transparencia, la gestión de riesgos, la denuncia de actos de corrupción, entre otros. Además, regula las responsabilidades de las entidades públicas en su implementación, asegurando un enfoque transversal en todos los niveles de gobierno.
Introduce mecanismos de monitoreo y evaluación para medir los avances en integridad pública, como el Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción.
El DS también precisa los actores, roles, responsabilidades y obligaciones para las entidades incluidas en la evaluación efectuada por la Secretaría de Integridad Pública en base a criterios de progresividad y gradualidad.
- Decreto Supremo N.° 148-2024-PCM
- Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030
- Anexo - Instrumento que contiene los Servicios Administrativos de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030
Es un enfoque transversal de gestión destinado a evaluar y fortalecer el desempeño ético de los servidores y funcionario/as públicos, mitigando los riesgos que pudieran conducir o facilitar en una entidad la comisión de prácticas contrarias a la ética o corruptas, de modo que se actúe con prevención, debida diligencia y de manera oportuna.
Se trata de la manifiesta y real voluntad política de parte de la más alta autoridad de la entidad de implementar toda estrategia de integridad y de lucha contra la corrupción.
Se trata de la identificación, evaluación y mitigación de los riesgos que pudieran afectar la integridad pública.
Constituyen estándares de cumplimiento y responsabilidad para las entidades y servidores públicos como parte de la estrategia nacional de integridad y lucha contra la corrupción.
Consiste en el cumplimiento de la publicación de información en los portales de transparencia estándar, de la garantía del acceso a la información pública, de la contribución a la apertura de datos y de la promoción de la rendición de cuentas.
Implica el cumplimiento de los requerimientos del control interno y la facilitación de las labores del control gubernamental que realiza la Contraloría General de la República o el órgano de control institucional.
Involucra las tareas de inducción al personal, la capacitación permanente en políticas de integridad al público interno y la comunicación de dichas disposiciones dentro y fuera de la entidad.
Implica en la implementación y funcionamiento de mecanismos de denuncia para recibir las alertas referidas a posibles inconductas o actos corruptos.
Supone la revisión y evaluación permanente del avance y el desempeño de la entidad en la implementación de los lineamientos, las medidas y directivas de integridad.
Asume el rol de articulación de los componentes, así como el de acompañamiento y orientación sobre la correcta y oportuna implementación de las normas, herramientas y/o mecanismos establecidos para elevar los estándares de integridad pública.
